CIC Arquitectura Digital.- La Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) ha trasladado a la patronal Ceoe una serie de propuestas para paliar la actual crisis económica, con vistas a la reunión entre el Ejecutivo, los sindicatos y los representantes de los empresarios que se celebrará próximamente. Entre las sugerencias está incluida la reforma estructural de la ley contra la morosidad.
En este ámbito, el sistema consolidado actualmente permite, a juicio de la confederación, que “las constructoras paguen en plazos exageradamente largos a sus suministradores y subcontratistas, por lo que muchas empresas de este sector se asfixian por falta de liquidez ante plazos medios de cobro de 229 días”. Cepco ha propuesto crear una comisión parlamentaria para estudiar el tema.
Además, en relación con la falta de liquidez del mercado, sugiere analizar el papel que podrían desempeñar el ICO o la compañía pública Cersa para cubrir el seguro de crédito para la actividad diaria de las empresas, empleando el Consorcio de Compensación de Seguros para reasegurar los créditos que cubran las aseguradoras. Según la confederación, el coste de esta medida “no es elevado para el Gobierno y propiciaría un aumento de confianza entre los empresarios y la recuperación de la actividad”: estimando una siniestralidad del 200%, ascendería a un máximo de 1.000 millones de euros.
Otra de las medidas que la confederación considera necesarias es el reconocimiento por parte de las administraciones públicas de la deuda adquirida por los contratistas con los suministradores y subcontratistas. Los fabricantes de productos de construcción han recordado que el Código Civil recoge este concepto en la figura del crédito refraccionario, mediante el que se fija un plazo en el que se ejerce automáticamente o se obliga a certificar que se ha pagado a la cadena de subcontratistas, de forma que éstos dispongan de garantía de cobro de la Administración y puedan descontar sus documentos de cobro en la banca.
El resto de iniciativas sugeridas incluye el desarrollo en mayor profundidad del Programa de Compras Verdes por parte del Gobierno, el aumento de las exigencias de calidad en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el apoyo a las propuestas de la Ceoe sobre aplazamientos en el pago de Seguridad Social e IVA.
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