La CEOE publica un informe en el que propone 32 medidas para la mejora de la vivienda

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acaba de publicar un informe en el que se afirma que “la vivienda ha adquirido un espacio de mayor relevancia no solo en la agenda política, sino también en la esfera social” y se incide en que “es importante mantener activo este debate y que las políticas de vivienda ocupen una verdadera dimensión de Estado”.

El informe subraya que la vivienda tiene un inmenso peso en la economía española: “En el año 2018, la inversión en vivienda se ha situado alrededor de los 68.000 millones de euros, concentrando el 26,4% del total de la inversión realizada en nuestro país, y cuya cuantía equivale al 5,6% del PIB”. Además, “en el sector de la construcción trabajan más de 1,2 millones de ocupados, lo que supone el 6,3% del total del empleo en España, según datos de la EPA relativos a 2018”, destaca la CEOE.

El texto se acompaña de 24 propuestas de carácter general en materia de vivienda, y ocho más centradas en el ámbito del alquiler. Son las siguientes:

1.- Urge reactivar la producción de vivienda en España, toda vez que el stock de vivienda es desigual. La existencia de stock de vivienda no debe marcar el ritmo de producción de vivienda del país.

2.- Adoptar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda está siendo para una gran parte de la sociedad cada vez más complicado. Esta situación alcanza el carácter de crisis y afecta especialmente a las familias de rentas medias y a los jóvenes, acarreando graves consecuencias sociales.

3.- Priorizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada. Por ello, no se comparten cualesquiera medidas de naturaleza expropiatoria, de control de precios o
relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías.

4.- Reducir los costes de producción de la vivienda debe ser un objetivo primordial de todos los agentes intervinientes del sector inmobiliario y, fundamentalmente, de las Administraciones Públicas. En línea con lo que sucede en otras economías avanzadas, España también se enfrenta a la conocida como affordable housing crisis. En este sentido, se debe trabajar por mejorar los procedimientos administrativos e incorporar la industrialización en el proceso constructivo para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder.

5.- Poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social, retenido en manos de las distintas Administraciones Públicas. Durante 30 años se ha llevado a cabo una extraordinaria política de vivienda social, en lo que a generación de suelo se refiere, realizándose un importante esfuerzo inversor. Sin embargo, no se logrará el fin social buscado, en tanto en cuanto el suelo generado no se ponga en carga y no se
materialice en el bien de primera necesidad que es la vivienda.

6.- Armonizar, simplificar y flexibilizar las normas urbanísticas, hacerlas más accesibles y menos intervencionistas, otorgando un papel más protagonista a la iniciativa privada. En este sentido, juega un papel relevante:
-Mejorar los procedimientos administrativos y reducir las cargas administrativas ligadas a la promoción de viviendas.
-Agilizar los plazos para la obtención de licencias municipales de obras.
-Flexibilización y simplificación normativa de los decretos y reglamentos que regulan los Planes de Vivienda en cada comunidad autónoma.
-Sin perjuicio de la necesidad de que se impulse el sistema de declaración responsable al que posteriormente se hace referencia, sustituir la licencia de primera ocupación por la de declaración responsable.

7.- Impulsar la efectiva aplicación del sistema de declaración responsable y arbitrar mecanismos que proporcionen una mayor seguridad jurídica al empresario. Asimismo, el sistema de licencias deberá tener un carácter residual, y en él se deberían:
-Concretar y clarificar los supuestos para los que se siga exigiendo este sistema.
-Unificar y coordinar la normativa y los procedimientos que afectan a la solicitud y concesión de la licencia en los distintos municipios, administraciones y organismos que las integran, de forma que se eliminen desigualdades.
-Agilizar y simplificar los procesos vinculados a los medios de intervención en actuaciones urbanísticas, eliminando trabas y exigencias administrativas innecesarias.

8.- Configurar las Leyes del Suelo nacional y autonómicas, así como los diferentes planes de ordenación urbana municipales como normas “marco”, en las que se establezcan las grandes líneas urbanísticas y se fijen los criterios generales.

9.- Incrementar la dotación presupuestaria para la promoción de vivienda protegida.

10.- Incrementar el Precio Básico Nacional, para ajustar los precios a los costes de construcción actuales.

11.- Promover la formación de mano de obra para la construcción. A pesar de los altos niveles de paro en España, existe escasez de mano de obra en la construcción, lo que conlleva un encarecimiento de costes que redunda en una vivienda más cara.

12.- Eliminar la subjetividad e incertidumbre existente actualmente en la normativa y en los criterios interpretativos de la misma en relación con la edificación, tanto en ejecución de obra nueva, como en rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.

13.- Eliminar la actual rigidez existente en el sistema de calificación y de usos.

14.- Fomentar la integración y simultaneidad de usos urbanísticos, aprovechando las sinergias que se producen entre los mismos.

15.- Reducir la fiscalidad sobre la vivienda. Del precio total que una familia paga por una vivienda, un 25% se destina a pagar cargas tributarias correspondientes a los diferentes niveles de la Administración durante el proceso productivo de la vivienda, porcentaje muy superior al de la media europea. Se considera de interés que se establezcan bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética de los edificios.

16.- Modificación del tipo de IVA en operaciones de cesión de uso/derecho de superficie de suelos para la construcción de vivienda protegida, asimilando la transmisión del derecho de superficie a una entrega de bienes y no a una prestación de servicios.

17.- Propiciar un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria y seguridad jurídica en el urbanismo.

18.- Promover una mayor profesionalización de los agentes intervinientes en el sector inmobiliario. A tal fin, se considera de interés que una ley estatal habilite e impulse la creación de Registros de Agentes Inmobiliarios obligatorios por parte de las comunidades autónomas.

19.- Promover una regulación razonable de los Administradores de Fincas, en su condición de responsables de la gestión del principal patrimonio de la población.

20.- Deben modificarse los parámetros de limitación de viviendas por el de habitantes. Los parámetros de densidad clásicos ya no son válidos en la coyuntura actual.

21.- Aumentar las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, tanto para las viviendas destinadas a la propiedad como para aquellas que incrementen el parque de viviendas de alquiler a precios viables.

22.- Aprobar una ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico. Las anulaciones de Planes de ordenación territorial y urbanística y la nulidad en cascada que conllevan del planeamiento de desarrollo e incluso de los actos de aplicación, aun habiendo transcurrido un dilatado periodo de tiempo entre la entrada en vigor de los Planes y su anulación en los Tribunales, provoca una crisis del sistema que pone en riesgo la credibilidad del ordenamiento jurídico y menoscaba su seguridad.

23.- Potenciar los Ejes Terciarios de las ciudades, aumentando su número y desarrollo, de tal manera que permitan la mejora de la actividad económica y sirvan como ejes vertebradores de la ciudad entre las distintas zonas diferenciadas demográfica y socialmente.

24.- Tomar en consideración las normativas que se están generando en el comité técnico de normalización en materia de ciudad y edificio inteligentes (CTN 178 de UNE), con especial énfasis en los edificios singulares de las infraestructuras (intercambiadores de transportes, centros comerciales, etc.), así como en los edificios de uso residencial.

Propuestas en el ámbito del alquiler

1.- Incrementar el parque de vivienda en alquiler, ámbito en el que la iniciativa privada adquiere un papel principal.

2.- Incentivar a los propietarios de viviendas, evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada. Cualquier normativa que imponga de algún modo la ocupación de viviendas tiene el efecto contrario de desincentivar al propietario y reducir la oferta. Asimismo, debe tomarse en consideración que medidas tales como las penalizaciones y amenazas de expropiación son también contrarias a la incentivación.

3.- Promover medidas que desarrollen un mercado del alquiler eficiente y ágil y salvaguarden, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos.

4.- El establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualesquiera limitaciones de precios es contrario a la ley de la oferta y la demanda, y al concepto de propiedad; y máxime, en todos aquellos supuestos en los que no se haya contado con ayudas públicas en su ejecución. Es asimismo preciso tomar en consideración que esta medida puede tener un efecto contrario al deseado, conllevando una reducción de las viviendas de alquiler en la zona que se regula y una elevación de los precios en
las zonas limítrofes.

5.- Canalizar la financiación a la promoción del parque de vivienda en alquiler. Es necesario atraer a los fondos de inversión para que hagan viable la producción de vivienda en alquiler y, a su vez, incrementen la profesionalización de la gestión del alquiler.

6.- Promover la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en la tramitación de los procesos en materia arrendaticia las personas jurídicas puedan tener acceso al juicio verbal, igual que las personas físicas.

7.- Fomentar la financiación de las promociones para alquiler de VPO, mediante convenios con la banca o el ICO.

8.- Establecer, o en su caso aumentar, las deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.