Las ingenierías piden a Fomento que no haga una apuesta de mínimos y contrate un 80% por calidad y un 20% por precio

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el próximo 8 de marzo, permitirá zanjar la contratación de ingeniería low cost en nuestro país. No obstante, desde el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las once principales ingenierías españolas, se pide que las administraciones y entidades públicas no se limiten a otorgar al criterio técnico el 51% mínimo que permite la ley, sino que se alcance el 80% en los pliegos de contratación(y el 20% restante al precio).

A este respecto, Fidex ha pedido al Ministerio de Fomento que, aprovechando el cambio del marco legal, no se ciña a los límites mínimos que marca la nueva legislación, sino que contrate como hacen los países más desarrollados y los grandes organismos internacionales: “Entidades como el Banco Mundial, la Comisión Europea, los bancos de desarrollo europeo, americano y africano puntúan las ofertas otorgando a la calidad un 80% y al precio un 20%; incluso, el Banco Asiático de Desarrollo va un paso más allá y establece la relación en un 90-10”, explican desde Fidex.

De hecho, el Foro para la Ingeniería de Excelencia propone como referencia a seguir esos mismos pliegos de contratación que utilizan estos organismos, y que incorporan criterios técnicos objetivos que se pueden aplicar a la hora de evaluar y puntuar ofertas. “Tradicionalmente, desde la Administración Pública española se ha considerado que lo único objetivo era el precio, cuando en realidad son y deben ser puntuables aspectos como la experiencia, los recursos humanos y técnicos, etc.”, añaden.

Evaluación de la oferta económica

Al mismo tiempo, Fidex propone cambiar la forma de evaluación de la oferta económica, manteniendo la práctica de puntuar mejor a quien oferta más barato (siempre que la oferta sea técnicamente aceptable y no esté incursa en presunción de temeridad), pero evitando dar cero puntos a las ofertas que se ajustan a la cantidad propuesta como presupuesto base de la licitación, que está fijada por los propios técnicos de la Administración.

Como sucede en los pliegos de las entidades internacionales mencionadas anteriormente, desde Fidex insisten en que “en ningún caso se debería otorgar cero puntos a una propuesta económica que se ajusta a la cantidad que los técnicos de la Administración han considerado como adecuada para el trabajo, puesto que equivale a rechazar la oferta de facto, ya que es prácticamente imposible compensar este “cero” con la puntuación de la parte técnica”.

En consecuencia, Fidex solicita que se aplique esta misma fórmula de valoración de las ofertas económicas, “en tanto se ha demostrado útil, efectiva y eficiente en su aplicación por parte de los principales organismos internacionales”.

Concurso restringido

Entendiendo que la nueva Ley de Contratos del Sector Público “cambia el orden de fuerzas entre precio y calidad, en beneficio del segundo”, Fidex insiste en apostar por modelos de contratación que precisamente apuesten por esta calidad, “como es el concurso con selección previa, al que la ley española denomina 'concurso restringido´. Se trata de un modelo que si bien ya estaba vigente, y permanece, en la ley de contratos, era obviado tradicionalmente por la Administración”, apuntan.

El concurso restringido establece una primera fase de selección y una segunda de adjudicación, evitando tener que analizar con detalle y profundidad 40-50 ofertas, “algo inviable en la práctica”, según Fidex. En la primera fase, que es de libre concurrencia, se selecciona a entre cuatro y ocho empresas como las más idóneas de acuerdo a criterios puramente objetivos.

Posteriormente, en la segunda fase, las empresas seleccionadas presentan ofertas y un comité de expertos valora la parte técnica, para que finalmente el contrato se adjudique a “la oferta económicamente más ventajosa”, otorgando a la calidad un máximo de 80 puntos y al precio un máximo de 20.

Según Fernando Argüello, director general de Fidex, “hemos conseguido que la Ley de Contratos del Sector Público impida las subastas en la ingeniería y se apueste por la calidad por encima del precio, pero el siguiente paso debe ser trasladar esta máxima a los pliegos de contratación. España tiene que ponerse a la altura de las grandes economías occidentales o la Comisión Europea. Esta idea debe calar en los ministerios de Fomento, en Agricultura, en las comunidades autónomas, etc. Está en sus manos dar pleno cumplimiento a las directivas europeas y no limitarse a cumplir los mínimos que establece la Ley. Si adoptan una postura de mínimos, la ingeniería ya no será low cost, pero desaprovecharía una gran oportunidad de ponerse al nivel de las principales economías del mundo”.