Las Cortes Generales aprobaron ayer, 30 de noviembre, por unanimidad, la ratificación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, lo que supondrá el inicio de un proceso de reformas estructurales para reducir las emisiones contaminantes en todos los sectores económicos. Con la luz verde que el Congreso de los Diputados ha dado al instrumento de ratificación, el Gobierno está ya en condiciones de entregarla a Naciones Unidas, sumándose así a este tratadointernacional, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre.
Dado el consenso existente por parte de todos los grupos políticos en esta materia, la totalidad de los grupos de la oposición ha reprochado al Gobierno del PP que no haya promovido esta ratificación antes, con el fin de que España hubiera formado parte ya del acuerdo en el momento de su entrada en vigor. La diputada del PP Belén Bajo ha argumentado al respecto que “no ha habido ninguna intención” tras esa demora, y que “solo obedece a que un Gobierno en funciones no podía ratificar un tratado internacional de este calado”, informa Efe.
Bajo, quien ha definido el de ayer como “un día histórico para España en la lucha contra el cambio climático”, ha añadido que el hecho de que el proceso de ratificación de estas características que suele tardar seis meses se haya producido en menos de 15 días demuestra el compromiso del Ejecutivo con este tema.
Condiciones para la entrada en vigor
Las condiciones para que el pacto entrara en vigor -que al menos 55 de los países lo hubieran ratificado sumando más del 55 % de las emisiones mundiales- se dieron el 4 de noviembre, solo 11 meses después de su aprobación frente a los más de siete años que tomó este proceso en el Protocolo de Kioto.
A día de hoy, el pacto del clima suma 115 ratificaciones de países que representan un 85% de las emisiones mundiales, y que se comprometen a desarrollar esfuerzos a nivel nacional para que la temperatura del planeta se mantenga muy por debajo de los dos grados a finales de siglo, y si es posible, no superar los 1,5.
Para ello, los países se comprometen a presentar compromisos nacionales de reducción de emisiones cada cinco años, siempre al alza en cada revisión, y los más ricos asumen el apoyo financiero y la capacitación de los más pobres, tanto para adaptación al calentamiento como para que su crecimiento sea bajo en carbono.
En esa línea, España no solo ratificó ayer el Acuerdo de París, sino también su primera contribución de reducción de emisiones en el marco del mismo, que implica una disminución de gases en los sectores difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación) de un 26% y de un 43% en el sector industrial, ambas para 2030 y con respecto a niveles de 2005.
El Congreso afronta ahora el reto de articular todas las medidas necesarias para cumplir con el Acuerdo de París en una Ley de Cambio Climático, que será tratada en una comisión dedicada a esta materia, que en estos momentos es solo “de estudio” y que hasta tres grupos (PSOE, Podemos y Ezquerra Republicana) pidieron ayer que sea “legislativa”.
Este año, el evento se celebrará en el marco de Feria Hábitat València, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Las personas interesadas en participar deberán registrar sus proyectos antes del 17 de junio.
La unidad productiva estará ubicada en Lliçà de Vall (Barcelona) y contará con dos superficies (13.000m² en planta baja y 7.000m² más en el piso superior) que permitirán triplicar la producción actual.
La selección que está disponible en su página web engloba todas las tipologías, desde viviendas unifamiliares, reforma de vivienda, obra nueva de promoción inmobiliaria, residencias de estudiantes o ‘coliving’.
En 2024 habrá un aumento de categorías con respecto a años anteriores. En total, tres de obras y un galardón especial focalizado en aspectos de sostenibilidad concretos.
La tramitación de la norma pasa ahora a las Cortes Generales para otorgarle "seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Crédito y Caución basa sus predicciones en la agitación inmobiliaria en China y en el hecho de que los costes de los materiales y la mano de obra siguen siendo elevados en muchas economías.
La compañía cuenta con más de 800 empresas vinculadas, que representan más de 1.000 puntos de venta en total, y consta de una oferta conjunta de más de 1,3 millones de metros cuadrados de superficie total de almacenaje y atención al profesional.
Todos los sistemas puestos en marcha por esta empresa se ensayan según los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y, para verificar su resistencia, se realizan ensayos de carga estática en el Estado Límite Último con acciones variables.
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