Abierto el proceso de información pública del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de información pública del proyecto de Decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, de manera que los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos tendrán de plazo hasta el próximo 16 de febrero para presentar propuestas y sugerencias a este texto.

La Consejería ha explicado que el nuevo plan contempla como pilares fundamentales “la rehabilitación del parque residencial existente y la mejora de su eficiencia energética, el fomento del alquiler y la lucha para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, impidiendo la pérdida de ésta por motivos económicos”.

Los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos tendrán de plazo hasta el 16 de febrero para presentar propuestas y sugerencias a este texto, que posteriormente serán analizadas por la Consejería de Fomento y Vivienda para incorporar aquellas que se estimen oportunas a la versión definitiva. El borrador del Plan estará expuesto, según se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la Secretaría General de Vivienda en la sede de la Consejería de Fomento y Vivienda, sita en la Avenida Diego Martínez Barrio, 10, de Sevilla, y en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda. Además se podrá consultar a través de la página web www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda

El futuro Plan de Vivienda, una vez cerrado el periodo de información pública, deberá someterse a los informes preceptivos de los diferentes departamentos de la Administración autonómica y, con posterioridad, ser remitido al Consejo Consultivo para su dictamen. La aprobación por parte del Consejo de Gobierno, último trámite del proceso, se prevé para primavera.

Este instrumento, que contará con una dotación presupuestaria de unos 750 millones de euros, financiados a través de la aportación autonómica, estatal y europea, apuesta por un nuevo modelo, que en el ámbito del fomento del alquiler incorpora programas dirigidos al parque público y al conjunto del patrimonio residencial existente.

Para los inmuebles públicos se pondrá en marcha una línea de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión del uso sobre suelos o edificios de titularidad pública y en lo que respecta a todo el parque residencial, se contemplan tres programas que se tramitarán a través de una orden única al objeto de agilizar y clarificar a los ciudadanos los procedimientos administrativos.

Estos programas se concretan en una convocatoria de ayudas a personas inquilinas que facilitará el pago de hasta el 40% de las rentas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem, alcanzando el 100% en grupos de especial protección. Estas subvenciones priorizarán, además, a quienes han sido desahuciados de su vivienda habitual.

Programa del alquiler de inmuebles vacíos

Como novedad en este campo, se impulsará el programa del alquiler de edificios de inmuebles vacíos, que tiene como finalidad la puesta en arrendamiento de edificios gestionados de forma conjunta por administraciones o entes públicos y entidades sin ánimo de lucro.

En materia de rehabilitación, se pondrán en marcha numerosas líneas de intervención, como el programa de Rehabilitación Autonómica Edificatoria y de Viviendas; la Adecuación Funcional Básica de Viviendas, orientada fundamentalmente a personas mayores o con discapacidad; o la Rehabilitación Energética del Parque Público Residencial. En este ámbito de actuación, tendrán una relevancia especial las denominadas Áreas de Rehabilitación Integral, que se desarrollarán en aquellos ámbitos sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales que afectan a población en riesgo de exclusión, la regeneración del espacio público, así como la rehabilitación de edificios públicos.

Por otro lado, las iniciativas encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda incluirán medidas tendentes a facilitar la transmisión de inmuebles protegidos sin devolución de ayudas en situaciones muy específicas, como por ejemplo cuando éste haya sido objeto de dación en pago o cuando todos los miembros de la unidad familiar residente estén en situación de desempleo. También el Plan contemplará la flexibilización de los regímenes de protección en aquellas promociones de VPO calificadas en anteriores planes y que presenten problemas en la adjudicación.

En este capítulo de vivienda protegida, la Consejería dará respuesta a los compromisos adquiridos previamente, dando prioridad al pago de las subvenciones al préstamo hipotecario de los adquirentes de vivienda protegida. Como novedad, se incorporará la figura de la vivienda protegida a precio tasado, que tiene como objetivo “facilitar la promoción de esta tipología residencial para la venta o el alquiler con destino a familias con ingresos inferiores a los 4,5 veces el Iprem”.

Observatorio de la Vivienda

La Consejería de Fomento y Vivienda también ha iniciado el proceso de información pública, tal y como se recoge en el Boja, de la orden que regula la selección de representantes de colectivos sociales en el Observatorio Andaluz de la Vivienda, abriendo además la convocatoria para dicha selección. El texto también quedará expuesto hasta el 16 de febrero en la sede de la Secretaría General de Vivienda, en las delegaciones territoriales y en la página web.

El Observatorio, de carácter consultivo y de representación, “facilita la participación social y se configura como un punto de encuentro, no solo de los sectores institucionales y económicos, sino también y sobre todo de los colectivos sociales, con el fin de avanzar en la defensa del derecho a la vivienda y en la puesta en marcha de medidas públicas en esta materia”.

Este órgano, en el que ya están integrados los agentes sociales, también está abierto a ampliar esa representación social con el nombramiento de hasta cinco miembros más de esta índole, y la Junta de Andalucía ha publicado ahora la orden necesaria para la selección de esos representantes adicionales procedentes de colectivos sociales y que deberán tener entidad jurídica.