Seopan solicita la inversión de medio billón de euros en infraestructuras durante la próxima década

Para evitar que nuestro país “pierda el tren de la competitividad y el bienestar social respecto a los principales países europeos”, España debería invertir medio billón de euros en infraestructuras en la próxima década, según las conclusiones del informe sobre ‘Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones’ realizado por la consultora A.T. Kearney a petición de la Asociación Nacional de Empresas constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

Así, según este informe, que fue presentado el pasado jueves, 22 de octubre, España debe acometer, para paliar el déficit en infraestructuras que presenta respecto a otros países de la Unión Europea como Alemania o Francia, un plan de inversión sostenida en infraestructuras durante el periodo 2015-2025 a razón de entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales, lo que supone un incremento del 72% frente al volumen de inversión actual. Y es que, según afirmó el presidente de la patronal Seopan, Julián Núñez, el objetivo de reducción del déficit público ha provocado una caída del 65% en la inversión pública, “un descenso sin precedentes”.

Tres grandes líneas estratégicas

El informe identifica en concreto tres grandes líneas estratégicas definidas por la patronal en las que nuestro país tiene una situación deficitaria en equipamientos de infraestructuras y que requieren una inversión cuantificada de la siguiente forma: 10.650 millones de euros en logística e intermodalidad; 15.300 millones de euros en equipamiento, accesibilidad y conservación (educación, sanidad, accesos a ciudades y carreteras); y 6.550 millones de euros en infraestructuras hidráulicas (depuración, regulación, distribución…).

Así, aspectos como la depuración de aguas, el tratamiento de residuos urbanos e industriales, la eficiencia y las interconexiones energéticas, la mejora de equipamientos hospitalarios y educativos, la extensión de las redes de telecomunicaciones o el deterioro por el uso de las infraestructuras ya construidas “son asignaturas pendientes que España tiene planteadas”, aseguran.

Inversión pública adicional

Según el estudio de A.T. Kearney, el Plan Extraordinario de Infraestructuras que sería necesario para elevar el actual ratio inversor de 1,6% del PIB al 2,4%, en el periodo 2016-2019, contempla una inversión pública adicional de 32.500 millones de euros, según explicó el presidente de Seopan, que añadió que esta cantidad contribuiría a generar actividad económica de en torno a 700.000 millones y un billón de euros en una década. Asimismo, podría crear entre 500.000 y 750.000 empleos anuales directos e indirectos, y se estima que, aproximadamente, el 50% de la inversión podría recuperarse vía retorno fiscal.

En opinión de Julián Núñez, el escenario de consolidación fiscal en el que se mueve nuestro país “no puede ni debe ser obstáculo para acometer un programa de inversión sostenida en infraestructuras a futuro”, y aunque según la patronal existe actualmente un marco interesante para la inversión -abundante liquidez en los mercados internacionales, apetito inversor en el área de infraestructuras por parte de los grandes fondos y planes de estímulo e inversión como el llamado Plan Juncker en los que apoyarse-, “este escenario también exige el establecimiento de un marco regulatorio que preserve la seguridad jurídica y atraiga la inversión”, añadió Núñez. Para el presidente de la patronal “estamos en un momento crucial, en el que es prioritario abordar un nuevo plan de inversiones a medio y largo plazo”, por lo que Núñez subrayó que no está de más que estas reclamaciones las tengan en cuenta los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

Por su parte, el presidente de la consultora en España y Portugal y presidente mundial del sector de industria e infraestructuras de A.T. Kearney, Eugenio Prieto, insistió en que las infraestructuras aportan un valor “esencial para el desarrollo económico y social” y apeló, como prueba de ello, al hecho de que “en la última década esta inversión ha generado 1,6 billones de euros en actividad económica, ha creado 1,2 millones de empleo al año y ha contribuido a vertebrar el país mediante la modernización de los transportes, la reducción de tiempos de viaje, la disminución de emisiones de CO2 o la reducción de la siniestralidad en las carreteras, e impulsado sectores clave para la salida de la crisis como son el de las exportaciones y el turismo”.