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La Comunidad de Madrid es la única que no ha firmado el convenio de colaboración con el Gobierno central

Asociaciones vecinales de Madrid recriminan a Cifuentes los 40 millones "en el aire" previstos para subvencionar la rehabilitación

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La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha cargado contra la Comunidad de Madrid con una batería de exigencias, al ser la única que no ha firmado con el Ministerio de Fomento el convenio de colaboración para el impulso de la rehabilitación de los edificios y la tenencia en alquiler, lo que deja “en el aire” los 40 millones de euros previstos para subvencionara los vecinos la rehabilitación de sus inmuebles.


Esta cifra se corresponde con la que Fomento entregaría a la Comunidad de Madrid para el periodo 2015 a 2016, destinada a la subvención de obras de rehabilitación de edificios que se hallen en mal estado, a la adopción de medidas que permitan reducir el consumo energético o a la instalación de ascensores en bloques de viviendas de tres y más alturas. Un porcentaje de ese importe se destinaría también a apoyar a familias con muy bajos ingresos para el pago de las rentas de alquiler.


“Todas las comunidades lo han firmado y la única que no lo ha hecho es la madrileña. Hasta ahora los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González se han negado a suscribir los pertinentes acuerdos”, denuncia la FRAVM, que recuerda además que “la rehabilitación es hoy y en los próximos años una inversión estratégica para crear empleo en el sector de la construcción, el más castigado por la crisis”. Por otra parte, “el apoyo a las familias con menos ingresos en el pago del alquiler es una política necesaria para frenar los desahucios”, critica la Federación.


Otras exigencias


Por otra parte, la FRAVM también exige al gobierno de Cristina Cifuentes que derogue el artículo 20 de la Ley 4/2012 que sacó adelante el equipo de Esperanza Aguirre, por considerarlo “una descarnada vulneración del principio de irretroactividad de las leyes, acogiéndose a subterfugios y trampas legalistas”. Esta ley recoge no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores. También baja de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios que carecían de él. “Ambas decisiones han generado una deuda de 10 millones de euros con miles y miles de familias”, explican.


Otra de las críticas a la gestión de la rehabilitación desarrollada por la Comunidad de Madrid es que, “pese a la presentación de unas 15.000 solicitudes, no se aprueban nuevos proyectos de rehabilitación desde 2008”.


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