El nuevo texto del Real Decreto de Renovables "empeora las condiciones para los inversores"

La nueva propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la CNMC, “empeora gravemente las condiciones de los inversores, desoyendo las reiteradas llamadas de atención de la Comisión Europea y los organismos reguladores para que se reestablezca la seguridad jurídica y se respeten las condiciones de los inversores en energías renovables”. Así de contundentes se han pronunciado desde la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que añade que el nuevo texto “instaura la más absoluta arbitrariedad e incrementa la retroactividad, ya que todos los parámetros sobre los que pivota la retribución podrán variarse cada tres años”. Además -añaden-, “el Gobierno se faculta para cambiar de forma discrecional cada seis años el concepto de rentabilidad razonable para las instalaciones que ya perciben el nuevo régimen económico”.

Según explica la asociación, el borrador prevé la revisión sistemática del concepto de rentabilidad razonable y del diferencial que se aplica sobre la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años. “La incertidumbre que genera esta variable no solo imposibilita la financiación de nuevos proyectos, sino que, lo que es aún más grave, también la refinanciación de los actuales”. Unef denuncia en este sentido que “las diferentes normativas retroactivas han situado a la mayoría del sector al borde de lo que, técnicamente, se conoce como default. Es decir, que los proyectos no generan la suficiente tesorería como para satisfacer el servicio de la deuda. El hecho de no poder refinanciar esta deuda supondrá la quiebra de estas empresas”.

Hasta la fecha, Unef apunta que las energías renovables tenían prioridad a la hora de vender su energía en el mercado mayorista de la electricidad, un derecho recogido en normativa europea UE/2009/28 de fomento de las energías renovables. Sin embargo, el nuevo texto abre la posibilidad, según la asociación, de que “de forma encubierta desaparezca en la práctica esta `prioridad de despacho´, ya que eventuales modificaciones del mecanismo de casación del mercado eléctrico podrían implicar la pérdida de este derecho”.

Para Unef, la nueva redacción atenta claramente contra los intereses de aquellos que hasta la fecha han invertido en la tecnología fotovoltaica pero, además, el nuevo texto introduce otros aspectos considerados por la asociación “especialmente lesivos”: suprime la posibilidad de incentivos para el cierre de instalaciones, eliminándose la antigua disposición adicional quinta, que establecía la posibilidad de cierre de las instalaciones mediante incentivos económicos; incrementa los costes para adaptarse a la nueva ley, al concratarse que la obligación de adscripción a centros de control en el caso de los territorios no peninsulares será de una potencia superior a 0.5 MW, lo que significa un incremento de costes para adaptarse a la nueva ley; y quita competencias de las comunidades autónomas, al aliminarse la capacidad de ástas para desarrollar procedimientos simplificados para la autorización de pequeñas instalaciones (menos de 100 kW).

En conclusión, el director general de Unef, José Donoso, afirma tajantemente que “el nuevo texto empeora las condiciones del anterior borrador y supone la consolidación de tres principios inadmisibles en cualquier regulación: la ruptura de la seguridad jurídica, la arbitrariedad y la retroactividad”.